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El relator de la ONU critica la situación de los derechos humanos en Irán

La situación de los derechos humanos en Irán continúa siendo atroz, según el relator especial de la ONU Ahmed Shaheed. De acuerdo con su último informe, hecho público el martes, las ejecuciones han aumentado a “un ritmo exponencial” desde 2005. Pero más allá de las cifras que le llevan a denunciar “un ataque sin precedentes al derecho a la vida”, Shaheed subraya la evidente desconexión entre la política de compromiso emprendida por el presidente Hasan Rohani y el aumento de la represión dentro del país, algo que ya vienen denunciando diversas organizaciones de defensa de derechos.

Los datos son alarmantes. Sólo el año pasado se contabilizaron 753 ejecuciones y la cifra puede superarse en el presente, ya que para mediados de septiembrimagese sumaban 694 ajusticiados, incluidas 10 mujeres y 1 menor, un nivel sin precedentes en el último cuarto de siglo. Irán, que disputa esa información, se convierte así en el país con más ejecuciones per cápita, con el agravante de que la mayoría se aplican por delitos no violentos relacionados con asuntos de drogas.

El grueso del informe se centra no obstante en la falta de respeto a los principios básicos de la doctrina de derechos humanos de la ONU, a la que Irán se ha comprometido como firmante de sus convenciones. Así, Shaheed menciona que varias leyes y prácticas, entre ellas la de la detención arbitraria, “minan los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica”.

Significativamente, 46 periodistas y activistas a través de las redes sociales habían sido detenidos o condenados por actividades pacíficas hasta el pasado abril, aunque algunos ya han sido liberados. Entre los condenados en juicios secretos y sin garantías procesales, destaca el caso del irano-estadounidense Jason Rezaian, que trabajaba como corresponsal del The Washington Post, detenido el año pasado y que ha sido acusado de espionaje.

La llegada de Rohani a la presidencia en el verano de 2013 alentó la esperanza de que se relajara el opresivo clima impuesto durante los ocho años de Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. De hecho, numerosos activistas lanzaron una campaña de apoyo al acuerdo nuclear en el que se embarcó. En una entrevista con este diario, la abogada y Premio Sajarov Nasrin Sotudeh admitió este verano las mejoras en el ámbito cultural, pero alertó de la represión de la sociedad civil por parte del poder judicial, en manos de los ultraconservadores y sobre el que el presidente no tiene control.

El relator especial de la ONU también endosa la idea de que el eventual levantamiento de las sanciones tiene el potencial de beneficiar la situación de los derechos humanos en Irán. Sin embargo, de su informe, el primero que realiza tras el acuerdo nuclear, se desprende que en algunos aspectos la situación incluso ha empeorado respecto a la época de Ahmadineyad. Así por ejemplo, las enmiendas realizadas a la ley de procedimiento criminal han limitado el acceso a la asistencia letrada. Los encausados por motivos políticos sólo pueden elegir a sus abogados entre una lista establecida por el jefe del poder judicial.

Shaheed, antiguo ministro de Exteriores de Maldivas y experto en derechos humanos en países de población musulmana, ha tenido que recurrir a entrevistas realizadas por Skype o fuera de Irán, ya que las autoridades le niegan el acceso al país desde que fue nombrado relator especial en 2011. Pero sus conclusiones resultan consistentes con las advertencias que vienen realizado otras organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Campaña por los Derechos Humanos en Irán.

“La campaña [represiva] de los ultras en violación de las propias leyes de Irán ha ido aumentando de forma sigilosa desde la elección de Rohani, y en especial desde que firmó el acuerdo nuclear”, ha denunciado recientemente Hadi Ghaemi el director de la Campaña, en cuya web se detallan numerosos casos de atropellos a los derechos y libertades.

 

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